Guadalupe Gutiérrez Fregozo, Presidenta del PRI en Baja California, hizo público el compromiso de su partido para generar propuestas a favor de periodistas mexicanos.

 Dijo que para el lider nacional del PRI Alejandro Moreno, es prioridad sumarse a la exigencia de que se garantice seguridad para las y los periodistas: “y con base en ello es que aquí en el PRI de Baja California quisimos ser facilitadores para la realización de este Foro, en donde hablaron periodistas locales, gremio que está siendo blanco de asesinatos, agresiones y violaciones a sus derechos”.

 “Nunca más un periodista solo”, afirmó la lideresa del PRI al referirse a la violencia al gremio periodístico, al tiempo que se comprometió a impulsar desde su partido -a través de sus respresentantes en el Congreso de la Unión-, reformas legislativas dirigidas a brindarles seguridad. Afirmó que “si un periodista está en riesgo, también lo está el país”.

 Cabe mencionar que en la Cámara de Diputados, la bancada del PRI que coordina el diputado federal Rubén Moreira, planteó reformas y adiciones a dos leyes y al Código Penal Federal, a fin de crear el Registro Nacional de Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y estableciendo sanciones con pena de 50 a 60 años de prisión a servidores públicos que sean partícipes del delito de homicidio contra alguna persona defensora de derechos humanos o periodistas, por motivo de sus actividades, opiniones, expresiones o manifestaciones. La propuesta reforma y adiciona la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Código Penal Federal y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En el FORO POR MÉXICO “Periodismo En Riesgo”, Rocío Galván, corresponsal de Radio Fórmula en Baja California expuso el tema “Retos del Periodismo actual en zona fronteriza”, e hizo un recuento de los últimos actos violentos contra periodistas en Tijuana, en especial sobre el crimen de su colega Lourdes Maldonado. Denunció que las autoridades no han dado a conocer mayores avances de la investigación, así como la poca eficiencia de los mecanismos de protección, con base en lo que está sucediendo en la frontera tijuanense.

 Gerardo Sánchez, director editorial del periódico El Vigía y director de noticias en el canal digital En La Mira T.V., abordó el tema “Las vicisitudes de morir a balazos, de hambre, estrés o en una nómina oficial”.

 Habló de las precarias condiciones salariales y dijo que quienes ejercen dicho oficio dejan morir al periodista y se convierten en funcionarios cuando -ante la falta de ingresos o por presiones políticas-, deciden incorporarse a la nómina gubernamental. Resaltó asimismo la peligrosidad que hay en México al ejercer el periodismo, en donde mueren más periodistas que en países en guerra.

 Señaló que el salario periodista promedio en México es de 7 mil 450 mensuales y en Baja California de acuerdo a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos sus colegas de prensa escrita  o gráficos, deberían recibir 387 pesos diarios, 2 mil 709 semanales, es decir 10 mil 836 pesos, esto es en teoría, porque en la realidad no ocurre.

 “De Manuel Buendía a la fecha -afirmó-, ser periodista representa una posibilidad de recibir un disparo y desafortunadamente estas agresiones se han vuelto cada vez más frecuentes; es más riesgoso ser periodista en tiempo de paz en México, que en la cobertura de un conflicto bélico”.

Gerardo Sánchez comentó que  las principales problemáticas de periodistas en México detectadas por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, CASEDE, están la inseguridad, en las agresiones cotidianas de parte de funcionarios y funcionarias, detenciones arbitrarias, la constante desacreditación y estigmatización de la labor informativa y que el gasto en publicidad oficial continúa siendo un instrumento de presión hacia los medios de comunicación.

 Joatam de Basave, presidente de la Asociación de Periodistas de Ensenada (APE) habló de “Protocolos de seguridad”. Afirmó que el gremio periodístico vive en una desventaja, sin embargo -dijo-, también está esa parte de la inseguridad, que eso es algo que hemos estado viendo actualmente, de manera muy palpable en los últimos meses, básicamente todo lo que va de este año, del 2022, aquí en México.

 Se nos reconoce a nivel internacional como el país más peligroso para desempeñar el periodismo y comentó que de los países que no están en guerra México es el más peligroso para desempeñar el periodismo. “Aquí en el estado, aquí en Baja California están matando a colegas y en el país también”, afirmó.

 Como Presidente de la Asociación de Periodistas de Ensenada (APE), dio a conocer que han estado participando en la integración de mecanismos de protección a nivel regional, para evitar ser vulnerables a cualquier tipo de violencia.

 Señaló que uno de los protocolos se enfoca en el acoso judicial. Cada vez son más los casos que se demanda a periodistas por ejercer su trabajo. De alguna manera existe ya de por sí la autocensura, nos medimos mucho en lo que publicamos porque somos susceptibles a ser denunciados judicialmente y podemos tener sanciones, incluso de privarnos de la libertad, podemos tener cárcel por ejercer nuestro trabajo, entonces tenemos que ser muy cuidadosos.

 Marta Eugenia Dávila, colaboradora de MVS Mexicali y Vicepresidenta de Igualdad de Género de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión (ANPERT), comentó que pocas personas miran la situación del Periodismo en Riesgo desde la perspectiva de género y muchas menos aún, desde la perspectiva de los Derechos Humanos, y desde esta última -dijo-,es que debería buscarse resolver el problema de violencia que el gremio periodístico está viviendo en México.

 Citó como ejemplo el reciente pronunciamiento del Parlamento Europeo que pone a México en un eminente riesgo internacional, al ser señalado como país violentador de los derechos de las y los periodistas.

 Al referirse al asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, afirmó que fue un crimen de Estado porque la periodista pidió ayuda y protección al Estado y éste hizo caso omiso, no actuó ejerciendo con ello violencia institucional y por ser mujer, violencia de género.

 Desde la perspectiva de Derechos Humanos -agregó-,  ante la amenaza a Lourdes Maldonado, el Estado tenía la obligación de actuar con debida diligencia, es decir, actuar de inmediato con todos los recursos a su alcance, a fin de evitar la acción irreparable como en este caso la vida de la víctima que como se sabe,  la reportera pidió protección al mismo Presidente de la República.