En junio de 2025, legislativos de Puebla aprobaron una estricta Ley de Ciberseguridad, conocida en medios y redes como “Ley Mordaza”, que tipifica delitos de “ciberasedio” y prevé penas de hasta 3 años de prisión y multas de 40 mil pesos por “insultos, agravios o vejaciones” en redes sociales. Organizaciones como Amnistía Internacional han alertado que su ambigüedad legal abre la puerta a una censura encubierta, utilizada para silenciar a periodistas y activistas. 

Al mismo tiempo, se discuten nuevas reformas al ámbito federal, especialmente la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que otorgaría a una recién creada Agencia de Transformación Digital facultades para bloquear plataformas digitales, retirar concesiones y obtener datos de usuarios móviles, con amenazas a la privacidad y libertad de expresión. Actores como Artículo 19, R3D y Freedom House advierten que estas medidas contravienen estándares internacionales y la Constitución 

En los últimos días, periodistas como Héctor de Mauleón, Jorge Luis González (exdirector del diario Tribuna de Campeche), Karla Estrella y Ángel Camarillo han enfrentado denuncias o sanciones basadas en acusaciones de “incitación al odio” o “violencia política de género” por fatoscríticos en redes sociales. En Puebla, reacciones de protesta frente al Senado evidenciaron el creciente rechazo de comunicadores, quienes denunciaron que “ahora vienen por la voluntad de todos los mexicanos”

La represión jurídica no es nueva. Según El País, desde hace décadas los gobernantes han utilizado mecanismos legales —demandas por difamación, viajes de rectificación, retención de pauta publicitaria— para silenciar periodistas incómodos.  Sin embargo, el avance actual combina esas tácticas con herramientas digitales: bloqueos, espionaje, creación de agencias bajo control político y leyes con redacción ambigua .

Organismos como la SIP, Artículo 19, Amnistía Internacional, Freedom House y la Comisión Nacional de Derechos Humanos han alertado que México puede replicar en otros estados la “Ley Censura” de Puebla, lo cual profundizaría un entorno de autocensura legal bajo argumentos de “seguridad nacional” 

La libertad de expresión enfrenta hoy uno de sus mayores retrocesos en México. No se trata únicamente de leyes locales, sino de un modelo sistémico que articula medidas federales y estatales, judicialización selectiva y censura digital. Si no se refuerzan contrapesos legales e institucionales —como la reinstauración del INAI—, el derecho de los ciudadanos a información veraz y sin restricciones quedará comprometido.