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Riva Palacio comparte la advertencia del Tesoro de EU a México
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Riva Palacio comparte la advertencia del Tesoro de EU a México
El Departamento del Tesoro de EU ha sancionado a una red vinculada al CNG, denunciando el uso de ganancias por contrabando de combustible para financiar campañas políticas y medios de comunicación en México

El Departamento del Tesoro de EU ha sancionado a una red vinculada al CNG, denunciando el uso de ganancias por contrabando de combustible para financiar campañas políticas y medios de comunicación en México

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

La Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EU, sancionaron a dos mexicanos y a nueve empresas acusadas de contrabandear combustible en beneficio del CNG. ESPECIAL / CANVA

El Gobierno de México enfrenta una nueva presión diplomática y de seguridad tras el reciente informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) sancionaron a dos mexicanos y nueve empresas vinculadas al Cártel Nueva Generación (CNG) por contrabando de combustible, pero fue el contenido del documento lo que ha generado una fuerte sacudida política.

El señalamiento: Dinero ilícito en campañas y medios

El reporte oficial incluye una advertencia inédita sobre la infiltración de recursos del crimen organizado en la esfera pública mexicana. El texto del Tesoro estadounidense subraya una conexión directa entre el "huachicol" fiscal y la manipulación de procesos democráticos.

“En México, los cárteles utilizan las ganancias ilícitas de la venta de combustible en el mercado negro para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles para controlar puestos administrativos clave en el gobierno”.

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El periodista Raymundo Riva Palacio destaca en su columna que esta es la primera ocasión en que organismos estadounidenses establecen una relación formal entre estructuras criminales, partidos políticos y medios de comunicación. Según el análisis, esta narrativa sitúa a las organizaciones delictivas bajo el nuevo marco de la orden ejecutiva emitida por la administración de Donald Trump, que permite clasificar a los cárteles como organizaciones terroristas, abriendo la puerta a herramientas legales extraordinarias, incluida la extraterritorialidad.

Respuesta del Gobierno federal: Entre la negación y la discrepancia

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó los señalamientos bajo el argumento de la falta de pruebas, comparando este episodio con medidas unilaterales tomadas contra instituciones financieras el año pasado. Sin embargo, existe una contradicción evidente en la narrativa oficial.

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Mientras la Presidencia asegura que nunca fue informada sobre los alcances de las sanciones, el Departamento del Tesoro sostiene que “las sanciones fueron diseñadas juntamente con la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de México”. Riva Palacio advierte que el Gobierno mexicano pudo haber subestimado la profundidad de la investigación, sin anticipar que el señalamiento también alcanzaría a medios de comunicación y periodistas.

Implicaciones legales: ¿Hacia la designación de terrorismo?

El impacto del documento trasciende las meras sanciones económicas. Al alinearse con las políticas de seguridad de EU contra el terrorismo, el escenario legal para los políticos mexicanos involucrados —y potencialmente para integrantes de los medios señalados— se complica gravemente.

Alcance territorial: La fuerza de tareas detrás de esta investigación, liderada por el Departamento de Seguridad Nacional en Texas, incluye al FBI y la DEA, agencias especializadas en la captura de objetivos de alto valor.

Riesgo para partidos: Riva Palacio advierte que, bajo este marco, partidos políticos dentro de la coalición gobernante o la oposición podrían enfrentar sanciones severas si se demuestra la recepción de recursos ilegales.

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Presión sobre estados: El CNG tiene presencia dominante en 22 estados del país, lo que aumenta la vulnerabilidad de las administraciones locales frente a esta nueva estrategia de inteligencia financiera de Washington.

El columnista concluye que la postura del Gobierno mexicano, al limitarse a exigir pruebas y negar la existencia de vínculos con el crimen organizado, resulta "endeble" frente a una investigación que, esta vez, parece estar respaldada por un sólido trabajo de inteligencia multinacional.

Con información de Raymundo Riva Palacio

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