El ambicioso recorte fiscal y presupuestario de Donald Trump afectará no solo a migrantes, también a ciudadanos estadounidenses a largo plazo, según expertos
La “Nueva y Hermosa Ley” aprobada por el legislativo de Estados Unidos el pasado 4 de julio, ante las propuestas del presidente Donald Trump, se avizora como una oportunidad para que el mandatario pueda generar "ahorros" que le permitan cumplir con promesas de campaña, como mayores recursos para impulsar su visión anti migratoria y el aumento de recursos para que las empresas puedan “brindar"
Sin embargo, para los especialistas, lo anterior traerá, muy posiblemente, mayores estragos en materia económica en comparación con los puntos a favor que el republicano podría conseguir.
Por ejemplo, para Eduardo González, profesor del departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, las nuevas disposiciones traerán consecuencias profundas tanto en el plano económico como en el social, especialmente para Estados Unidos, porque “no cumple ni con las promesas de campaña ni con los principios de austeridad que promovió el republicano durante la campaña”.
Tampoco hay señales de que esta reforma presupuestal vaya a aliviar el costo de vida, una de las promesas de campaña con las que Trump llegó a la Casa Blanca. Por el contrario, González considera que las políticas aprobadas podrían empeorar las condiciones para las familias que ya enfrentan dificultades económicas. “Todo parece indicar que esto no va a suceder y, bueno, pues es una promesa que lo llevó a la Casa Blanca, pero finalmente parece que no la está cumpliendo”, dijo.
El académico explicó que, en el plano económico para Estados Unidos, la ley proyecta un incremento de tres billones de dólares en la deuda federal durante los próximos diez años. Esto se produce en un contexto en que la deuda actual ya supera los 37 billones de dólares, una cifra que González calificó como “prácticamente inimaginable” y que, de continuar esta tendencia, comprometerá la capacidad del gobierno para atender a su población. El aumento de la deuda no estará acompañado de medidas progresivas para compensar el gasto, ya que también se establecen recortes sustanciales en programas sociales y de salud.
“Este costo que tiene la deuda necesariamente será cargado a la población, ¿cómo? Pues a través de recortes en los programas sociales, en las ayudas de estampillas de alimentos, en los alimentos que se dan en las escuelas, reduciendo la planta docente en algunos planteles”, explicó el académico, especialista en relaciones internacionales.
Para Miguel Sigala, especialista del Centro de Estudios de América del Norte de la Universidad de Guadalajara (UdeG), la medida beneficia a corto plazo la percepción de sus simpatizantes, considerando que alrededor del 86% de las familias estadounidenses tendrán beneficios fiscales ante la reducción de impuestos, lo que puede traducirse en un aumento del consumo, pero a largo plazo se podrían registrar afectaciones inflacionarias que mermarían la economía del país.
"A largo plazo se prevé un aumento de los costos de los servicios, lo cual se podría traducir en un problema de mayor inflación, que fue uno de los grandes problemas que tuvo la presidencia de Joe Biden, y que se repite, que se mantiene en esta administración, en lugar de estar atendiendo problemas fundamentales, como la salud o la educación", lamentó el académico de la UdeG.
Si bien las nuevas disposiciones establecen apoyos para las grandes empresas, como la amortización del costo de equipos, de investigación y desarrollo, así como cambios significativos en la regulación tributaria para la construcción de nuevas instalaciones de fabricación, para Eduardo González, esta lógica no garantiza que las corporaciones inviertan en sueldos dignos ni en nuevas contrataciones, y sí asegura una merma en los ingresos públicos.
“En lugar de que se graven las grandes fortunas con más impuestos, se les va a dar mayor número de concesiones, y esto no es necesariamente algo que vaya a tener un impacto en cuanto al recurso que va a obtener el gobierno de Estados Unidos”, señaló.
Para Miguel Sigala, en lo inmediato las empresas podrían ver reducida su carga fiscal ante estos beneficios, lo que podría traducirse en una mayor inversión privada y un impulso al mercado interno. Sin embargo, advirtió que esta bonanza no necesariamente se sostendrá en el largo plazo, debido a que la ley también incrementará el déficit fiscal.
“El déficit fiscal de Estados Unidos pasó de deber el 117% de su PIB a deber el 123%”, explicó, añadiendo que este incremento es “insostenible a largo plazo” y podría generar presiones inflacionarias más fuertes.
La Ley prevé también alrededor de 1.2 billones de dólares en recortes fiscales, gran parte de ellos a Medicare, sistema de salud destinado a personas de vulnerabilidad económica, y sustentado en que los recursos no se invertirán en personas migrantes, apostando por la ciudadanía de EU. Las condiciones para inscribirse en Medicaid se harán más estrictas y se modificarán los reembolsos federales a los estados.
Para Eduardo González, estas disposiciones derivarán en una posible expulsión de millones de personas del acceso a servicios médicos. Esta situación pondrá en riesgo la estabilidad sanitaria del país, sobre todo para las clases medias y bajas. “Eventualmente, podría incluso sacar del servicio médico a cerca de 20 millones de estadounidenses”, advirtió el académico.
“Estados Unidos es el país avanzado con peor sistema de salud en el mundo”, señaló por su parte Miguel Sigala, lamentando que millones de personas corren riesgo de perder cobertura médica sin que la reforma ofrezca mecanismos para protegerlos.
“El experimento de Obama en sus redes sociales corre peligro. Según Obama, alrededor de 16 millones de personas perdieron acceso a la salud y otros cálculos incluso hablan de más”, advirtió Sigala, en referencia al desmantelamiento de programas de salud que afectaron a los sectores más vulnerables durante la administración Trump.
En el caso de México, la ley tendrá repercusiones directas en cuanto a las remesas y muy posiblemente ante las inversiones extranjeras.
Por ejemplo, para Eduardo González, académico del TEC de Monterrey, recordó que con la reforma ahora se gravará, con un 1%, el envío de remesas hechas fuera del sistema bancario tradicional, lo que impactará a quienes usan servicios como Western Union o MoneyGram. Aunque el gobierno mexicano ya anunció que absorberá ese impuesto, el académico alertó sobre los efectos colaterales que esta medida puede tener, puesto que ese impacto extra que será enfrentado por las autoridades mexicanas tendrá que salir, de la misma forma, del presupuesto del Gobierno, y por ende, de los impuestos de las y los mexicanos.
Miguel Sigala añadió que el impuesto solo aplica a los “no ciudadanos estadounidenses”, destacando que quienes tengan doble nacionalidad no se verán afectados por el gravamen, aunque en lo general, sí podría intervenir en la economía de nuestro País, donde las remesas representan aproximadamente el 3.7% del Producto Interno Bruto (PIB).
“El año pasado, México recibió 64 mil millones de dólares en remesas. El 1% son 640 millones de dólares, y aunque parezca poco, es dinero que no recibirá directamente la gente que más lo necesita”, lamentó, aludiendo a las familias mexicanas en situación de vulnerabilidad.
Pero Sigala también alertó sobre las repercusiones indirectas que podría tener esta ley en la dinámica del nearshoring: si bien aún no se percibe una fuga masiva de inversiones, las condiciones que promueven la inversión interna en Estados Unidos podrían terminar debilitando la posición de México como socio estratégico, pero no lo elimina de la jugada, debido a que en el País sigue siendo más barata la mano de obra, por lo cual México se mantiene vigente y continúa siendo atractivo para la relocalización de empresas.
Eduardo González destacó que tampoco puede dejarse de lado que la "Nueva y Hermosa Ley" prevé la obtención de alrededor de 150 mil millones de dólares para reforzar la infraestructura de control migratorio. Esto incluye redadas como las recientemente vistas en Los Ángeles y otras ciudades habitadas por un importante número de latinos, así como acciones de deportación, construcción de prisiones y ampliación del muro fronterizo que dejó pendiente en su administración pasada (2017-2021), lo que se podría traducir también en una intensificación de la hostilidad hacia la población migrante, especialmente la latinoamericana.
En este sentido, habrá mayores complicaciones para aquellos mexicanos quienes busquen migrar ilegalmente a los Estados Unidos, así como para aquellos connacionales que aún no logran un estatus legal en el país vecino.
Además del impacto directo en los migrantes, González destacó que esta ley fortalece una narrativa de exclusión que ya permea en ciertos sectores de la sociedad estadounidense, particularmente en la base más dura del movimiento MAGA que sigue apoyando a Trump con fervor. En su opinión, la retórica y las políticas del expresidente refuerzan actitudes racistas y de criminalización hacia la comunidad latina. “Siguen a pie juntillas creyendo que estas políticas son lo mejor y que los migrantes son unos grupos de criminales que hay que correr de Estados Unidos”, dijo el académico.
González también recordó que esta ley no fue aprobada con un consenso sólido. En el Senado, se impuso gracias al voto de desempate del vicepresidente, y en la Cámara de Representantes apenas se logró una mayoría estrecha. Esto evidencia que incluso dentro del Partido Republicano hay divisiones sobre la dirección que está tomando la política presupuestal de Trump.
Por último, el académico mencionó que figuras como Elon Musk han mostrado abiertamente su desacuerdo con esta legislación, al punto de plantear la posibilidad de crear un nuevo partido político. Aunque queda por verse si esta amenaza se concreta, González consideró que es un síntoma de la creciente fractura dentro del espectro conservador. “Él llamó a crear el Partido de América porque considera que lo que están haciendo republicanos y demócratas no es suficiente”, mencionó.
En lo general, señaló Miguel Sigala, la determinación de la ley de recorte fiscal y presupuestario de Donald Trump establece una visión de Estado limitada y apela más a valores fundacionales de EU que a resolver problemas clave: “Donald Trump sigue apelando a ideas muy fundamentales, muy hasta cierto punto básicas, de lo que significan los valores políticos y económicos de Estados Unidos. La 'ley preciosa', con su estética populista y su eficiencia propagandística, parece diseñada más para reforzar una narrativa que para atender los desafíos estructurales del país", finalizó el académico de la UdeG.
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