Para 2025, la inversión pública en infraestructura tiene que aumentar, primero, en Infraestructura Logística y de Transporte, después Hídrica, Energética y Salud, de lo contrario la inversión privada buscará otros destinos que le garanticen movilidad y abasto constante de sus productos.

Así lo plantea el ingeniero Héctor Ramos García, representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Ensenada, asegurando que, a nivel nacional, CMIC ha puesto en marcha el programa "PEF 2025: Retos, oportunidades y perspectivas para la industria de la construcción".

En ella se plantean 10 puntos a alcanzar para tener un crecimiento como País, donde los municipios juiegan un rol importante para satisfacer las necesidades del sector empresarial mundial, y Ensenada, como puerto, forma parte de ese engrane de crecimiento.

Dentro del estudio que ha llevado a cabo CMIC Nacional destaca como punto prioritario el  aumentar de manera gradual la inversión pública hasta alcanzar entre el 5% ó 6% del PIB, asegurando que esta se distribuya de forma estratégica y equitativa en todo el territorio nacional.

Destinando la mayor parte de estos fondos a proyectos de infraestructura logística y de transportes, hídrico, energético (hidrocarburos y electricidad), salud, educación, movilidad urbana y el mantenimiento de la infraestructura existente.

Ensenada tiene que ir pensando en “Infraestructura Estratégica”, para lo cual tiene que destinar de manera anual recursos para alcanzarlo, para volver al puerto atractivo para el inversionista nacional, local y extranjero.

Ramos García dijo que esto no significa que todo el dinero se inviereta en nuevas infraestructura y se abandone las colonias, de lo contrario, se tiene que tener un fondo para darle manetenimiento a las calles, a la par que se invierta en vialidades nuevas y obras hídricas.

CMIC insiste en promover la creación de un organismo o instituto encargado de la planeación del desarrollo de infraestructura del país a corto, mediano y largo plazo.

Este organismo debe ser autónomo, pero no independiente, y estar estructurado y dirigido por profesionales en planificación, sin vínculos políticos, para garantizar su imparcialidad y eficacia.

Reiteramos la urgencia de promover mecanismos transparentes de coinversión público-privada para financiar proyectos estratégicos. Entre estos mecanismos destacan: obras con fuentes propias de repago; desdoblamiento de concesiones (mediante la ampliación de plazos para generar flujos adicionales que se destinen a obras nuevas o mantenimiento); contratos de prestación de servicios (PPS); aprovechamiento de activos; y otras alternativas viables.

Dada la relevancia de las MIPyMEs en el sector de la construcción, promoveremos su participación en la ejecución de las obras públicas. Esto no solo favorecerá la creación de empleo, sino que también contribuirá al aumento de la recaudación tributaria. Es importante destacar que la industria de la construcción detona 3 de las 4 ramas de la economía nacional, generando empleo e ingresos en esas industrias.

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