El pasado 14 de enero, Páez fue filmada realizando gestos ofensivos y términos peyorativos hacia empleados del local, imitando a un mono y utilizando la palabra “mono” con connotación despectiva, lo que motivó una denuncia por injuria racial ante la policía brasileña. Como consecuencia, la Justicia de Río de Janeiro le retuvo el pasaporte y ordenó que use una tobillera electrónica para garantizar que permanezca en el país durante la investigación.

En Brasil el marco legal contra el racismo es históricamente rígido y engloba tanto normativas específicas como disposiciones penales. Una de las primeras normas fue la Lei Afonso Arinos de 1951, que prohibió la discriminación racial en lugares públicos y sentó bases contra los prejuicios por color de piel. Además, el Código Penal y la interpretación judicial lo consideran un delito grave cuando hay injuria racial pública —insultos o gestos públicos basados en la raza— con penas que pueden implicar varios años de prisión.

En Argentina, aunque se reconoce la importancia de combatir la discriminación, la legislación se estructura en torno a normas como la Ley 23.592 sobre Actos Discriminatorios y la creación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que busca promover la igualdad y ofrecer mecanismos de denuncia y educación. Además, el país incorporó la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial con jerarquía constitucional. Sin embargo, la percepción pública de lo que constituye racismo y la intensidad de las sanciones aún generan debates sociales intensos.

En México, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece el marco para combatir toda forma de discriminación, incluida la racial, y busca garantizar igualdad de trato y oportunidades, además de mecanismos de queja ante autoridades competentes. El Código Penal Federal también sanciona actos discriminatorios que atenten contra la dignidad humana por motivos de origen, color de piel o etnia, con penas que van desde prisión hasta trabajos comunitarios y multas. Además, diversos tratados internacionales ratificados por México refuerzan este compromiso.

Este contraste entre legislaciones evidencia distintas maneras de abordar el racismo como delito y como problema social. En Brasil, la reacción judicial —como en el caso de Páez— puede parecer más inmediata y punitiva; en Argentina y México, el enfoque combina sanciones con mecanismos de prevención y reparación, aunque también enfrenta críticas por falta de mayor rigurosidad o aplicación efectiva.

Reflexión: racismo en México, un desafío cotidiano

Aunque México no vive racismo en los mismos términos demográficos que Brasil, con una mayoría afrodescendiente visible, la discriminación racial y étnica —especialmente hacia pueblos indígenas, afromexicanos y otros grupos— sigue siendo un problema estructural que se manifiesta en exclusión social, estereotipos y desigualdades profundas. El incidente de Ipanema nos recuerda que el racismo no es solamente un acto aislado de ofensas o gestos: es un fenómeno que persiste en prácticas cotidianas y que requiere educación, conciencia y políticas públicas efectivas para transformarse.

México debe ver este caso como un llamado a reforzar la educación sobre diversidad y la comprensión del impacto del racismo, no solo como conducta punible, sino como un problema social que deteriora la cohesión comunitaria y la dignidad humana. El verdadero mensaje de este incidente no está solo en las sanciones legales a nivel internacional, sino en la necesidad de una reflexión más profunda sobre cómo tratamos al otro, cómo reconocemos la igualdad de todas las personas y cómo cada sociedad responde a las manifestaciones de odio y discriminación, tanto en leyes como en el día a día.

En última instancia, el racismo no se combate con medidas punitivas aisladas, sino con una cultura de respeto y justicia que esté presente en cada interacción social y en la educación desde edades tempranas.

Karen Anderson